Comunicado de Vox Fuerteventura tras los últimos acontecimientos en matería de inmigración:
«Si, es cierto que este 2020 dan ganas de resetearlo (en términos informáticos). El maldito virus chino está poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones y economías de todos los paises del mundo. Y claro, ante la dimensión de este problema, unos han reaccionado mejor que otros.
En España, al parecer, hemos batido todos los records por lo mal que se está gestionando esta crisis: “el peor Gobierno posible en el peor momento”.
En Canarias, además, sufrimos el agravante de una inmigración descontrolada.
Según el Ministerio de Interior, a fecha de 31 de agosto del presente año, hemos experimentado un incremento del 573.5% respecto al mismo periodo de 2019, pues en los 8 primeros meses del año han llegado a nuestras costas, o han sido “rescatados”, un total de 3.933 inmigrantes en 136 pateras.
Lejos de solicitar medidas que detengan la masiva llegada de inmigrantes, tanto Cabildos como Gobierno de Canarias, se han limitado a ir acogiendo una tras otra las pateras que han ido llegando, en muchos casos, con inmigrantes ilegales infectados con Covid 19.
Sangrante es el caso de Fuerteventura, que tras una cuarentena ejemplar conseguimos no tener ningún caso. Sin embargo, a 8 de septiembre la cifra de contagiados es de 153, muchisimos de ellos importados por la inmigración ilegal.
Ésto ha producido que la gestión sobre el alojamiento de los inmigrantes haya ido de ocurrencia en ocurrencia, al tener cerrado en Fuerteventura el CIE del Matorral (sobre el cual debatían en el Cabildo majorero el 10 de junio y decían poder abrirlo en 15 días)
Así, los han ubicado en los muelles de llegada (atendidos por FFCCSE y Cruz Roja), en casetas militares cedidas por el Regimiento de infantería Soria 9, aislados en naves industriales, o incluso en viviendas de la capital majorera. Y curiosamente, en esta primera semana de septiembre de 2020,en que hemos tenido conocimiento de que Cruz roja Española ha resultado beneficiada con una subvención de más de 26,5 millones de euros, destinados entre otros menesteres a la acogida de personas migrantes (R.D. 441/2007, de 3 de abril), es cuando empezamos a ver los traslados de los inmigrantes ilegales a hoteles.
Esta noticia ha generado innumerables comentarios de vecinos indignados y evidentemente furiosos, al ver como se cierran los hoteles al turismo que nos da de comer a cientos de familias, para alojar a estas personas a cargo del erario público.
Además supone un duro golpe a la imagen de destino seguro y de calidad que se debería ofrecer.
Tampoco ayuda el intento de blanqueo de la situación por parte de los empresarios hoteleros que alojan a los inmigrantes ilegales, para evitar, según dicen, el ERTE de sus empleados.
Tal cosa, a pesar de ser cierta, no deja de ser éticamente reprobable, dada la situación límite de muchos trabajadores, los cuales, además de no tener ningún tipo de derecho a que se les regale unas vacaciones con «todo incluído» en estos complejos hoteleros, en muchos casos ni siquiera han cobrado sus ERTEs desde marzo.
Esta política migratoria genera malestar y desconfianza en la población, pudiendo desembocar finalmente justo en aquello de lo que huimos: el racismo y la xenofobia.
Máxime cuando aún tenemos fresco el recuerdo del pasado verano, en el que muchos canarios, desalojados de sus viviendas a consecuencia de los incendios forestales, tuvieron que dormir en pabellones con apenas una colchoneta y una manta y fueron los propios vecinos los que solidariamente ayudaron con comida y bebida.
Estamos atravesando una crisis que posiblemente vaya a superar la que padecimos en el 2008 y con este tipo de actuaciones, solo acrecientas el efecto llamada.
Habría sido más eficaz impedir su llegada. No solamente se evitarían muchas muertes en el mar, sino que además previenes la creación de falsas espectativas sobre un futuro que nosotros no podemos ofrecerles.»