Como consecuencia de la crisis económica, a partir del año 2010 los salarios de todos los empleados públicos se vieron recortados con el objetivo del Gobierno de reducir su déficit público, mientras persistieran las circunstancias económicas extraordinarias.
Concretamente, a través del Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, no solo se recortó el 5 % de los sueldos, sino también de forma progresiva parte de los conceptos retributivos de la paga extra lo que vino a significar un desajuste en la escala retributiva, resultando que el salario básico (base más trienios) de las categorías inferiores, hasta hoy en día, es mayor que el de las escalas superiores. Al margen del recorte salarial, también se eliminaron los días libres por asuntos particulares, se amplió el horario, se perdió poder adquisitivo, se eliminó la tasa de reposición, etc.
Posteriormente, el sacrificio aún fue mayor ya que desde el ejercicio 2011 hasta el 2015, se congelaron los salarios y además en 2012 se eliminó la paga extraordinaria del mes de diciembre. Es a partir del año 2015, como consecuencia de los buenos resultados económicos, cuando el Gobierno Central decide restituir parte de lo que había eliminado en época de crisis, como la devolución de parte de la paga extra eliminada en 2012 y la modificación de los días de permiso por asuntos particulares.
Dada la recuperación económica, a través de la ley de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2016 se establece un aumento en los salarios de un 1 % de los empleados públicos y se termina de normalizar la devolución de la paga extraordinaria eliminada de diciembre de 2012.
En el 2017-2018, ante la evidente y reconocida mejora de la situación económica y presupuestaria y el reconocimiento de la aportación que ha supuesto el esfuerzo de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas por haber alcanzado esta situación, el Estado suscribe con las Organizaciones Sindicales dos Acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, en los que las partes reconocen que el esfuerzo de los empleados públicos ha sido un factor determinante en la mejoría de la economía.
El propio legislador reconoce que la situación económica no es la misma y prueba de ello es que la evolución del déficit público, que llegó a estar en 108 mil millones de euros en el 2012, en el año 2018 alcanza la cifra de casi 30 mil millones de euros. Además, los ingresos no financieros del Estado han pasado de 163 mil millones de euros en plena crisis económica a 233 mil millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del 2018.
Dado que las razones que dieron origen al recorte salarial en el año 2010 han desaparecido y visto que las pagas extras que se liquidan no se ajustan a lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley del Estatuto de Empleado Público, que establece que las pagas extraordinarias son de dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y la totalidad de las retribuciones complementarias, es por lo que, el pasado 25 de junio doscientos cuatro (204) funcionarios del Cabildo Insular de Fuerteventura solicitaron ante el Secretario de Estado de Función Pública de la Administración General del Estado que la paga extraordinaria sea repuesta en su integridad con carácter retroactivo del 2015, que es cuando mejora la situación económica y presupuestaria del país.
Ante la iniciativa tomada por los funcionarios del Cabildo de Fuerteventura, Cabildos, Ayuntamientos y Diputaciones se están sumando a la reivindicación salarial.
