La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha advertido este lunes en el Parlamento de que la situación del Ministerio Público en las islas es «crítica» por la falta de instalaciones.
En Santa Cruz de Tenerife sigue sin haber Palacio de Justicia, en Puerto del Rosario (Fuerteventura) se trabaja en un garaje y en San Bartolomé de Tirajana los dos últimos fiscales que han llegado tienen que trabajar en Las Palmas de Gran Canaria por falta de espacio, ha señalado la fiscal superior durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022.
«Es necesario ampliar la plantilla de funcionarios, pero no se puede por falta de espacio», ha dicho Martínez.
La falta de medios se extiende a la carencia de psicólogos y asistentes sociales, lo que impide contar con informes psicosociales para establecer regímenes de visitas a menores en los conflictos familiares.
Tampoco hay medios sociosanitarios para atender a personas con discapacidad a las que se da de alta en los hospitales y no regresan a sus domicilios.
No hay peritos expertos en medio ambiente y urbanismo ni medios para que la Policía investigue los delitos de trata en inmigración, ha explicado la fiscal superior, quien ha puesto de relieve además que sigue sin funcionar la oficina de atención a las víctimas, a pesar de que en teoría está en vigor desde marzo de 2021.
Todas estas carencias «llevamos muchos años» exponiéndolas y «no debemos convertir este acto» de presentación de la Memoria en «yo pido y ustedes me escuchan», ha remarcado Martínez a los parlamentarios, a quienes ha avisado de que la Fiscalía necesita «ayuda» para poder cumplir sus cometidos con la ciudadanía.
Sobre inmigración, María Farnés Martínez ha afirmado que no hay «absolutamente ningún dato» que indique que ha habido algún repunte delictivo por la llegada de estas personas.
La Fiscalía considera que es necesario agilizar las pruebas para determinar la edad de los inmigrantes y garantizar que las instalaciones para atender la llegada de personas por vía marítima sean «adecuadas y permanentes».
En el internamiento de migrantes, según ha detallado Martínez, en la provincia de Las Palmas se realizaron 454 informes, todos ellos favorables al internamiento en el CIE, y se llevaron a cabo cinco inspecciones.
En la provincia de Sata Cruz de Tenerife se realizaron en 2022 24 informes favorables y 24 informes desfavorables de internamiento en los CIE y no se llevó a cabo ninguna inspección a la instalación por estar cerrado.
María Farnés Martínez ha expuesto que en 2022 aumentaron los delitos contra la vida (consumados o intentados), que fueron 76 en Las Palmas y 67 en Santa Cruz de Tenerife, así como las diligencias previas por agresiones y abusos sexuales.
En cuanto a la violencia machista, en 2022 se incoaron 6.854 procedimientos en Las Palmas y 5.673 en Santa Cruz de Tenerife.
En Las Palmas se dictaron 77 sentencias condenatorias por violencia de género, 1.509 sentencias condenatorias por conformidad y 47 sentencias absolutorias, mientras que en Santa Cruz de Tenerife hubo 1.286 sentencias condenatorias, 960 sentencias condenatorias por conformidad y 226 sentencias absolutorias.
Martínez ha hecho hincapié en la necesidad de favorecer la prevención de la violencia de género mediante la educación de niños y jóvenes en el respeto a la dignidad de las mujeres.
«No basta con que protejamos a nuestras niñas, hay que educar a nuestros niños y eso no pueden hacerlo los fiscales y los jueces, cuando intervenimos es porque esos mecanismos han fallado», ha afirmado.
La fiscal ha hecho un resumen de las revisiones de condena en aplicación de la Ley conocida como sólo sí es sí.
Se examinaron 300 ejecutorias, entre las que hubo catorce en las que se rebajaron las penas de uno a dos años y cuatro excarcelaciones, tres en Las Palmas y una en Santa Cruz de Tenerife.
