‘El Cabildo de Fuerteventura, en entredicho’, por Marcial Morales Martín
Es nuestra primera institución. La que representa a las más de cien mil personas que vivimos en esta isla. La que tiene atribuida la responsabilidad de defender los intereses colectivos de esta población y, de la mano con las demás instituciones, una tarea tan apasionante como inmensa en estos duros momentos de crisis sanitaria, de repunte migratorio, de incertidumbre social y económica, que para muchas empresas se traduce en ruina, en paro para una parte importante de las personas trabajadoras y en miseria o serias dificultades para miles de familias. Y lo que queda por sufrir.
En ese contexto, que reclama más que nunca un Cabildo volcado en la gente, cercano a sus necesidades y resolutivo ante sus carencias -a pesar y gracias a que que buena parte de los responsables políticos y el personal siguen prestando con encomiable esfuerzo el servicio público al que se deben-, hemos tenido en esta institución una legislatura marcada por la inestabilidad, una corporación que en menos de dos años ha tenido al frente -por ahora- tres Presidentes, que no ha mostrado hasta el momento una voz permanente ni una acción continuada de liderazgo que transmita con firmeza ánimo y respuestas a la gente, apenas ejecutando inversiones ya planificadas e incluso contratadas en la etapa anterior y con un planeamiento insular tan necesario y prometido como imposible de hacer realidad en la presente legislatura (por lo complejo de un proceso aún realmente no iniciado y por las evidentes contradicciones de modelo de isla entre quienes deben formar la mayoría que lo apruebe).
Con la renuncia del anterior Presidente, se articuló y puso en marcha su acción política una nueva mayoría. Ese cambio debió suponer una nueva oportunidad por el mismo impulso y las ideas frescas que suelen traer quienes llegan al ejercicio del poder. Y seguro que bastantes cosas han cambiado para bien. Pero, en apenas unas semanas, la inestabilidad que asomaba explotó con el cese de una Vicepresidenta y Consejera de áreas tan importantes como el planeamiento de este territorio y las inmediatas declaraciones de la cesada, acusando públicamente al Presidente y a ‘quien lo asesora en la sombra’ nada menos que de querer ‘controlar el planeamiento insular al margen del interés general’. E insiste: ‘los intereses que prioriza el presidente insular no es Fuerteventura, lo tengo clarísimo’. Más rotundo, imposible; poco se puede afirmar que sea políticamente más grave.
La crisis está servida. Se ha acusado públicamente a la primera autoridad de la isla de no ser persona de fiar en el ejercicio de sus altas responsabilidades. Y algo tan serio no puede quedar en el acostumbrado capítulo de los rifirrafes entre quienes ejercen actividad política. Muy al contrario, esto obliga a ‘retratarse’ ante la ciudadanía -a la que se deben- a quienes han aceptado estar al frente de nuestra institución insular.
Desde luego y en primer lugar, la Consejera que, con su denuncia, ha puesto en la calle afirmaciones gravísimas. Debe la Consejera, creo, presentar pruebas de lo que dice ante la Justicia o retractarse de lo afirmado. No caben medias tintas ni dejar insinuaciones en el aire. No todo puede valer en política.
El acusado con semejante afirmación -y, en su caso, el misterioso asesor ‘en la sombra’, al que casi todo el mundo parece identificar-, una vez tan claramente señalado, está retado a exigir a la denunciante que ‘ponga letra a esa música’. Si ella demostrara lo que ha dicho, le tocará a él asumir las correspondientes consecuencias políticas y jurídicas. Si no, no le quedará otra salida que denunciar a la denunciante. No hacer una o la otra cosa sería agazaparse en un ‘quien calla otorga’ que queda muy alejado de la ejemplaridad exigible a quien ejerce como primera autoridad insular.
No cuesta suponer que los grupos de oposición afilan sus armas políticas para poner contra las cuerdas al gobierno en un asunto tan gordo. Salvo que nos sorprendan con alguna innovación, cabe esperar una inmediata solicitud de explicaciones e, incluso, de Pleno Extraordinario y Urgente. Porque, además, el acusado por la ex Vicepresidenta compartía tareas de gobierno, hace apenas unos meses, con los diez Consejeras y Consejeros que hoy se sientan en los bancos de control de la acción de gobierno. Y lo hacía, entre otras, en el área en el que se le señala: la ordenación del suelo.
Pero quienes, sobre todo, no pueden mirar a otro lado ni un minuto más son, sin duda, los tres grupos que gobiernan la institución. Coalición Canaria, el Partido Popular y AMF acaban de poner al frente del Cabildo a una persona que, según alguien hasta hace semanas muy cercana a él, no vino a ese cargo a defender ‘el interés de los ciudadanos’. Ante esas palabras, algo tienen que decir y hacer estos tres grupos. Y ya. Su silencio sería una complicidad que sólo serviría para dañar las imprescindibles transparencia y credibilidad de la institución. Y que les acabaría pasando factura en la confianza que miles de votantes han depositado en ellos.
Hay más: la ciudadanía. Porque la política es patrimonio colectivo y porque lo que está en juego es algo tan serio como la calidad de nuestra democracia aquí y el zarandeado prestigio de la institución insular y quien la preside -no consigo recordar un precedente de este nivel, ni que se le acerque, en nuestra isla-, la sociedad civil no puede, no debemos, dejar pasar este hecho como un episodio más de las accidentadas y muy poco recomendables relaciones ‘entre políticos’. Hay mucho en juego. Lo principal, el respeto a cada habitante de Fuerteventura.
Miembros del Pleno del Cabildo, hagan algo. Porque, ¡qué triste momento!¡a esto hemos llegado…! Y, precisamente, en ‘la patria chica’ de Don Manuel Velázquez Cabrera.
