El próximo martes 13 de octubre está previsto que se celebre en Puerto del Rosario el juicio contra el propietario y administrador único de una empresa de restauración de Corralejo.
El acusado, J.R.G.C. se enfrenta a una pena de dos años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros, por defraudar 580.000 euros en cuotas sociales de sus trabajadores, en los últimos cuatro años.
Por otro lado Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la operación “Paloma” -con actuaciones de investigación en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote- dirigida contra el fraude también a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la hostelería, comercialización textil, comercio al por mayor de pescado, servicios inmobiliarios, construcción y reformas, cuantificándose el fraude total en algo más de 17 millones de euros.
Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2019, tras recibir varias comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en las que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura).
Los empresarios de las sociedades investigadas en el Caso Paloma no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando también a permitir el cobro fraudulento de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal han podido determinar la participación delictiva de 46 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución, fraude a la seguridad social (prestaciones), estafa procesal e insolvencia punible.