El pasado 25 de septiembre Asier Antona, presidente del Partido Popular en Canarias, tuvo que declarar como testigo. En el juicio, además de Antona, fueron llamados a declarar la secretaria general, Australia Navarro y Carlos Ester, miembro de la dirección del Partido Popular de Canarias. Montelongo denunció que la creación de una gestora en la isla por el Comité regional no se ajustaba a la ley y a los estatutos del PP. Hoy la justicia da la razón a Antona y exculpa a los populares “de todos los pedimentos cursados por la parte demandante”.
Desde que Montelongo fue apartada del trono del PP en Fuerteventura ha defendido que el comité ejecutivo regional del PP habría vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución, la Ley de Partidos Políticos, así como los Estatutos y reglamentación interna del PP.
El origen del conflicto
Once de los dieciséis cargos públicos del PP de Fuerteventura exigieron la dimisión “inmediata” de su presidenta, Águeda Montelongo, y del secretario insular, Carlos Figueroa, y pidieron a la dirección regional la creación de una gestora hasta que se celebre un congreso de forma transparente.
La diputada nacional Celia Alberto y el senador Claudio Gutiérrez, junto a consejeros del Cabildo y concejales de distintos ayuntamientos, escenificaron su unión contra Águeda Montelongo y Carlos Figueroa, a los que acusaron de utilizar los reglamentos del partido de “forma arbitraria y sesgada, acorde a sus intereses personales”.
Águeda Montelongo siempre defendió su intención de dimitir como presidenta del PP majorero en una comparecencia realizada junto a su secretario insular, Carlos Figueroa, desde la sede insular de los populares en Puerto del Rosario. Montelongo explicó que el centenar de expulsiones de afiliados se ajustan a los estatutos del partido, en concretó al artículo 11, ya que los afectados «militaban en otras formaciones políticas, habían concurrido a las elecciones en listas de otros partidos, o bien participado como apoderados o interventores de otros partidos»
La exlíder majorera y Astrid Pérez, presidenta insular en Lanzarote, fueron las únicas que movilizaron apoyos a favor de Cristina Tavío con la intención de impedir que Antona fuera reelegido presidente. Pero la diferencia entre una y otra fue clara, mientras Montelongo evidenció su pérdida de control orgánico, Pérez logró que los afiliados de la Isla votarán mayoritariamente a la candidatura no oficialista.
