Las candidaturas locales que promoverán en los municipios, así como la extensión del partido se deben corresponder con el apoyo que prestan a la mayoría social para constituir una nueva representación política socialista e independiente del Estado de la Monarquía. Fiel a sus exigencias, es lo que dictan desde las redes sociales los miembros del nuevo Partido Socialista Libre Federación en Fuerteventura, que se presentan como una oportunidad para pequeñas agrupaciones para ser la llave o la no llave al mandato de la Isla.
“Reagrupamientos locales que han de ser conscientes de los obstáculos que representan tanto la legislación española, la Constitución vigente, como la Ley de Bases de Régimen Local, los dictados de la UE, que impone la austeridad a través del techo de gasto, como instituciones del capital opuestas a las reivindicaciones sociales y a la representación obrera y popular por la que luchamos”, según manifestaron.
Se trata a través de las candidaturas de traducir las diferentes luchas que han llevado a lo largo de los últimos años por el mejoramiento o por la simple defensa de las condiciones de vida y trabajo, en las que hemos participado tanto nosotros y una buena parte de la población en una organización en común, por una nueva representación independiente y democrática de los intereses de la mayoría en las entidades locales. Y ello impulsando la movilización mediante candidaturas representativas apoyadas en Asambleas Populares reivindicativas o comités de apoyo, abiertas a todos.
1. Somos feministas en tanto que socialistas. Sin feminismo no hay socialismo. En conclusión y dentro de las competencias municipales, haremos planes locales de igualdad, servicios efectivos y eficientes frente a la violencia de género y ordenanzas municipales excluyendo y aboliendo la prostitución y haremos campañas contra los vientres de alquiler. Lucharemos contra la mercantilización del cuerpo de la mujer.
2. Exigir que el 50% de los presupuestos autonómicos sean gestionados por los ayuntamientos, pues son la administración que menos despilfarra, denunciado que tanto dinero para las Comunidades Autónomas, también sirve para que ellas construyan redes clientelares corruptas, duplicación de funciones y competencias y decidir en muchas ocasiones de forma caprichosa que se hace o no con las inversiones públicas.
3. Ejercicio de cada administración de las competencias que le son propias según leyes vigentes y el sentido común. Los municipios deben gestionar todas las competencias propias más las que de forma directa afectan a sus vecinos tal y como ocurre en los países más avanzados democráticamente.
4. La administración autonómica debe colaborar junto a los ayuntamientos al objeto de liquidar el techo de gasto y otras medidas que no tienen más objeto que favorecer a los bancos y privatizar servicios municipales. La administración central dejará de obligar a los ayuntamientos a suscribir planes de estabilidad y refinanciación, que tan solo benefician a los bancos y son una parte del rescate bancario encubierta y vergonzosa.
5. Derogación de los restos de la ley Montoro, (la LRSAL) al objeto de recobrar la autonomía municipal y la posibilidad de impulsar desde lo local políticas de igualdad y feministas, culturales, sociales, urbanísticas, educativas, deportivas y de fomento del empleo o actividades productivas.
6. El cambio constitucional es imprescindible al objeto de acotar y dotar a los municipios que son la administración más cercana y democrática de competencias claras y dejar nítida su función en el estado. Lo cual no quiere decir que nos frene la actual indefinición jurídica, al revés es un acicate para el cambio y pedir el voto con un sentido político, al objeto de transformar las corporaciones locales en gobiernos locales.
7. No engañar con programas irrealizables, pues todos los partidos ocultan que con la regla de gasto y el techo de gasto los ayuntamientos ven disminuida su autonomía local, sus posibilidades de inversión y de municipalización de los servicios públicos. Por tanto el voluntarismo conduce a la frustración pues la Unión Europea, la ley Montoro y el artículo de la Constitución vigente 135 modificado en favor de los bancos y las privatizaciones impiden desarrollar la democracia municipal.
8. En conclusión exigimos derogar el artículo 135 bis de la Constitución en su redacción actual, que obliga al techo de gasto, así como acabar con los planes de estabilidad financiera ideados por el Gobierno Rajoy al objeto de favorecer a los bancos y que los municipios paguen parte de la deuda pública estatal, rescatándolos igualmente.
9. Exigir todas las competencias de vivienda para los ayuntamientos y modificación urgente de la ley del suelo e hipotecaria. Desarrollar programas de vivienda pública y frenar la especulación así como la nueva burbuja del ladrillo con fines diferentes de la anterior, pero igual de grave e injusta que ya padecemos. Control municipal de alquileres. Creación de entes locales al objeto de favorecer el alquiler de viviendas para jóvenes. Dotación económica suficiente al objeto de crear y/o rehabilitar viviendas para alquileres sociales.
10. Que los municipios dejen de ser prisioneros del oligopolio privado eléctrico. A tal objeto desde los municipios se impulsarán planes para extender las energías renovables; centrales de energía renovable en barrios y pueblos, al objeto de bajar los precios y combatir la especulación y los robos de las grandes compañías de la luz. Se eliminará el decreto Miguel Sebastián que prioriza el pago al oligopolio eléctrico de los ayuntamientos.
11. Planes de igualdad, empleo y seguridad. Combatir la violencia de género, exigir ley contra la violencia de género con presupuesto y lograr declarar municipios libres del terrorismo machista. Policía local de proximidad, protección adecuada de los barrios y compromiso de las policías municipales con los vecindarios, la violencia de género y los abusos de mafias barriales.
12. La movilidad y el transporte en los municipios son competencia local. Todas las competencias de regular el transporte público son locales. Defenderemos las reivindicaciones del sector del taxi, atacadas por poderosas multinacionales que destruyen las condiciones de empleo y atacan la recaudación de tasas e impuestos, así como las ordenanzas municipales. Las citadas ordenanzas, regularan todas las facetas de la movilidad y el transporte.
13. Por un urbanismo al servicio de las personas y no sometido a los intereses especulativos. Persecución de la corrupción urbanística, tanto de anteriores corporaciones como de darse en el futuro. Preservación sin excepciones del patrimonio histórico urbanístico, así como de la construcción tradicional. Nunca negociaremos con las cesiones obligatorias y/o negociadas mediante convenios urbanisticos con promotores ya sean públicos o privados, Utilizaremos el urbanismo para ampliar el suelo municipal con destino a fines de viviendas públicas, suelos sociales y educativos o deportivos. Diseño democrático de pueblos y ciudades y gestión urbanística participativa.
14. Plan de apoyo a los municipios rurales y pequeños municipios, con planes de fijación e incremento de población al objeto de defender el territorio, la soberanía alimentaria, nuestros campos y montes, la ganadería y la agricultura de montaña. Servicios y escuelas, médicos y servicios geriátricos en todos los municipios de forma obligatoria. No más desaparición de escuelas y ambulatorios y reapertura de los ilegítimamente cerrados.
15. El futuro del mundo rural, no pasa por la PAC que lo despuebla y la caza o el turismo, tan solo. Pasa por la defensa del medio ambiente, la agricultura y la ganadería ecológicos, la defensa del patrimonio forestal y el cooperativismo. Hay que apoyar la creación de una industria agroalimentaria local y rural. Defensa del agua como bien público y derecho humano.
16. Uno de los principios democráticos, imprescindible para garantizar la convivencia ciudadana sobre la base de la igualdad, es la necesaria neutralidad de las instituciones en el respeto de la libertad de conciencia de todas las personas, con independencia de sus particulares convicciones ideológicas, creencias, etc. El principio de laicidad, en su aplicación al conjunto de las instituciones públicas, exige la separación del Estado y las iglesias, del espacio civil y del religioso. En consecuencia, también en los ayuntamientos es exigida la neutralidad y separación efectiva entre la labor pública y las particulares convicciones ideológicas de sus miembros, así como de los propios ciudadanos y ciudadanas. Lo cual conlleva una serie de medidas que pueden y deben desarrollarse en el ámbito de las competencias municipales, para cumplir con el principio de aconfesionalidad del Estado y de sus distintas administraciones públicas.
17. Por el trabajo municipal igualitario en todos en los barrios de la ciudad. No hay centro y periferia. Hay barrios diferentes y todo nuestro esfuerzo será hacer más dignos y humanos todos los barrios de las ciudades.
18. La energía eléctrica no es un negocio, es un servicio público. Los precios abusivos de la luz, deben ser denunciados. Exigimos que la producción y distribución de energía sea pública. El ayuntamiento denunciará a las compañías eléctricas por incumplimiento de los contratos y animará formulas cooperativas y de energías alternativas, para socializar la luz.
19. Vamos a remunicipalizar los servicios públicos municipales privatizados, ya sean de cuidados, culturales, deportivos, de abastecimiento y saneamiento, residuos o asistencia social y lucha contra la violencia de género o protección de la infancia y juventud. El ofrecer nuevos servicios públicos y eficientes es una obligación municipal y no un negocio, además es más rentable si es desde lo público.
20. El empleo es algo prioritario para las y los socialistas. Pero empleo digno y de calidad que permita vivir dignamente. El empleo público y la remunicipalización de servicios pueden fomentar una dignidad laboral que tire de los demás sectores. Pero no apoyaremos ni subvencionaremos a empresas que basen su empleo en el precariado, no respeten los convenios o practiquen la brecha salarial. Las cláusulas de interés social serán incluidas en toda la contratación pública del municipio.
