La Corporación insular solicita que se paralicen las maniobras militares en la isla previstas para la próxima semana
El Cabildo de Fuerteventura, en sesión de pleno extraordinario celebrado hoy, jueves, 8 de noviembre, aprobó por mayoría declarar la situación de emergencia humanitaria en la Isla para ampliar la oferta de plazas para acogimiento temporal a menores. El objetivo de la medida es dar una respuesta directa y solvente a las necesidades de atención a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que han arribado a las islas en las últimas semanas, así como estar preparados para hacer frente a la previsible llegada de más. Además, el Pleno ha instado al Gobierno regional y a la Administración General del Estado a adoptar medidas urgentes para paliar la situación.
Por Ley 1/97 de Atención Integral al Menor de Canarias, aplicable a menores de 18 años que residan o se encuentren temporalmente en territorio insular, los Cabildos poseen las competencias para ejecutar medidas de amparo y gestionar centros de menores. El pasado día 27 arribaron a la isla majorera 11 personas que se declararon menores. En previsión de posibles nuevas llegadas y dada la complejidad del procedimiento administrativo para tomar decisiones rápidas, el Pleno considera imprescindible declarar la Situación de Emergencia Humanitaria, un recurso administrativo que permite, con una vigencia de 90 días, contratar por vía de urgencia todo lo necesario para atenderlos, poniendo los medios y servicios necesarios para atenderles adecuadamente.
La consejera de Bienestar Social, Rosa Delia Rodríguez, actualizó las cifras de menores no acompañados, 28 en total desde el pasado 27 de octubre, una cantidad que supera el cupo de 24 que el Gobierno de Canarias asignara a Fuerteventura en el año 2002. La Red de Centros de atención al menor de la isla, gestionada por la asociación solidaria Mundo Nuevo, ofrece 40 plazas. Tras la llegada de la última patera hubo que realizar la acogida inmediata de 12 personas, lo que provocó la sobreocupación de la Red de Centros de Protección, cuya ocupación total en estos momentos es de 49 personas. Ante esta situación, “debemos tener las herramientas que nos permitan atenderles bien, sea un menor o sean cien’, explicó la consejera. “Tenemos que ser previsores, porque en cualquier momento nos puede ocurrir lo de la isla vecina. Y no podemos permitirnos una situación de sobreocupación de los centros porque significa no poder atender bien a los menores”, continuó.
Ya el pasado mes de octubre, el pleno había aprobado una moción institucional relativa al impacto de la inmigración en las Islas que pedía acelerar la creación de un área de cooperación entre las islas ultraperiféricas de la Unión Europea (Madeira, Azores y Canarias) y África Occidental, dotada de los instrumentos y financiación necesarias para implementar la Alianza Estratégica de Europa y África. Además, se pidió al Gobierno del Estado una reunión urgente con el Gobierno regional para coordinar las acciones necesarias para hacer frente a esta nueva llegada migratoria a las Islas. Asimismo, se pedía habilitar centros de acogida inmediata en las islas que sufrieran mayor impacto migratorio, el efectivo cumplimiento del acuerdo de distribución de menores de 2002 y por último, que otras comunidades autónomas reciban menores desde las autonomías más afectadas (Andalucía, Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla).
El Pleno también aprobó una moción de Coalición Canaria que pide al Ministerio de Defensa la paralización de las maniobras militares anfibias Gruflex-18, previstas para la segunda quincena de noviembre en las costas de Fuerteventura y la garantía de que nunca más volverán a planificarse ejercicios de este tipo en las costas majoreras. Su realización “incumple el compromiso de 2002, ignora las advertencias de la comunidad científica y minusvalora las calificaciones ambientales del propio Gobierno de España”. El portavoz de CC, Rafael Páez, recordó que “los mandos militares dieron esta semana la oportunidad de hacer modificaciones en las planificaciones de las maniobras”.
El texto recuerda cómo “los ejercicios internacionales Neotapón, realizados en 2002, generaron un fuerte impacto ambiental, así como la repulsa social y científica internacional por la matanza de cetáceos que produjeron”. Señala que “hace 16 años se consiguió el compromiso verbal de que no volverían a realizarse en la isla este tipo de ejercicios navales y terrestres (anfibios)”, destacando que la Comisión Europea considera Fuerteventura “un auténtico santuario marino para los cetáceos, un espacio protegido donde se puede avistar un tercio de todas las especies de cetáceos del mundo”.
La moción pide a los ayuntamientos de la isla que adopten acuerdos plenarios de apoyo a esta iniciativa, para su posterior traslado a la Delegación del Gobierno en Canarias y al Ministerio de Defensa. El Pleno acordó asimismo pedir al Ejecutivo regional, al Parlamento autonómico, a la Federación Canaria de Islas y a la Federación de Municipios de Canarias que respalden este posicionamiento contrario a la realización de maniobras militares.
