Este jueves se hace efectiva la declaración de Emergencia Hídrica en Fuerteventura porque se corre el riesgo de no poder garantizar el abastecimiento de agua de consumo humano.
En las últimas semanas y coincidiendo con varias olas de calor, inusuales en Fuerteventura en el mes de julio, se han producido numerosos cortes de agua en distintas poblaciones que abarcan, prácticamente, toda la geografía insular.
En una entrevista este jueves, en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, el consejero de Agua, David de Vera, aseguraba que “se entiende el malestar de la ciudadanía porque son muchas las incidencias que corresponden a averías fortuitas, sobre todo, por la antigüedad de las redes de distribución”. Con la declaración de Emergencia, subrayó, “tendremos amparo jurídico para acometer actuaciones de respuesta con rapidez en los próximos seis meses, prorrogables otros seis”, apuntó.
De Vera recordaba que, a inicios de la época estival y tras la rotura de la red de impulsión general de agua hasta La Herradura -por sexta vez este año-, se producían dos olas de calor “con máximos picos de consumo em la historia del CAAF”.
Una alta demanda y muchas zonas de riego hicieron disparar la demanda en un sistema que precisa de una renovación urgente e integral.
El consejero pidió tiempo y paciencia a la ciudadanía para acometer inversiones por valor de 156 millones de euros previstos a través del programa PICABAS que incluye la mejora en la red de distribución de agua y la mejora de los depósitos reguladores, además de importantes proyectos ya en marcha.
Ya han comenzado a ejecutarse las obras para sustituir la tubería de impulsión de agua a La Herradura, con un plazo de 8 meses. Además, se ha adjudicado el bastión número 4 para producir 7.200 metros cúbicos más de agua en el centro de producción de la capital, se ha adjudicado la planta de Gran Tarajal y se está también trabajando en la nueva planta del sur -en un lugar todavía sin concretar-, y para la que se destinarán 30 millones de euros, avanzó De Vera.
En relación a los problemas de agua en la zona de Costa Calma, donde los cortes se han convertido en habituales, el consejero avanzó que una vez el Ayuntamiento recepcione la urbanización Cañada del Río y “nos de las atribuciones, el CAAF tendrá la obligación y la responsabilidad de suministrar el agua”, recalcó.
Por otro lado, el consejero también reconoció que el CAAF debe trabajar “en la cercanía a la población”, mejorando su comunicación. Como figura política confiesa que, a pesar de la complejidad endémica de la gestión en la Consejería de Aguas, «la volvería a elegir».
En este punto dio cuenta de la mejora en la atención telefónica que ahora se ha ampliado gracias a un servicio externo que presta ADISFUER -entidad que promueve la plena inclusión de las personas con discapacidad-. El objetivo es que se conciba el CAAF “que no vean al consorcio como que siempre estamos con problemas de cortes de suministro de agua… Somos la única empresa pública de agua de Canarias.. no estamos para ganar dinero sino para ofrecer un agua de calidad. Sabemos que es una tarea bastante difícil, tenemos una hoja de ruta marcada con 156 millones de euros y necesitamos tiempo para culminarla”, concluyó.
