El equipo de gobierno de Puerto del Rosario decidió eliminar, de la última sesión ordinaria de pleno, el borrador de la ordenanza municipal del taxi. Y lo hizo a última hora sin informar a la asociación Adivia ni al resto de entidades que había participado en la elaboración de un texto que, en principio, había sido consensuado.
La decisión no ha gustado nada a la entidad majorera que promueve los derechos de las personas con discapacidad y que señala, directamente como culpable, a la cooperativa de taxistas de Puerto del Rosario porque “no quiere que se den más licencias”, según denunció este viernes, en una entrevista en Radio Insular, el presidente de Adivia, José Gómez.
Según el último estudio realizado en 2019, en el marco del Plan Insular del Transporte, corresponden nueve nuevas licencias de taxi adaptado en Puerto del Rosario para cumplir con los ratios establecidos por la normativa y llegar a quince en total.
Los seis vehículos que prestan servicio en la actualidad no cubren la demanda, aseguró, especialmente “cuando hay cruceros o más trabajo en el aeropuerto” por lo que el colectivo pone de relieve que hay numerosas denuncias, de retrasos y de falta de asistencia, que evidencian “la situación de abandono que sufren las personas con discapacidad”.
Por esto, Adivia reivindica al gobierno local que apruebe la normativa cuanto antes y no ceda ante la presión impulsada por este colectivo, “un lobby que son diez taxistas, que amenazó con una manifestación y se asustaron…pero no van a jugar con nosotros ni con nuestros derechos”, recalcó Gómez.
La entidad confía en que la corporación lleve al próximo pleno este asunto y que la normativa, “que se puede ir modificando, una vez aprobada”, incluya la creación de la Mesa de Transporte.
En aras de lograr un consenso entre todas las partes, también ofrece sus servicios para ayudar en la tramitación de subvenciones que los taxistas puedan obtener para adaptar a la normativa sus vehículos en una inversión, estimativa, de unos 12.000 euros.
En este punto, fue muy crítico con la falta de fiscalización a las ayudas que existe, según aseveró, por parte de las autoridades ya que “los seis taxis de Puerto del Rosario han recibido subvenciones que nadie ha controlado y no cumplen. Las subvenciones se tienen que dar con criterio y conformes a la ley. Hay taxis que ni pueden entrar una silla de ruedas eléctrica”, denunció Gómez.
Aquí, el técnico de Adivia, Carlos Hernández, abogó por impulsar la figura de un técnico a nivel insular que pueda velar por que se cumpla con los parámetros marcados por la UNE 26.496 y los taxis subvencionados estén perfectamente adaptados a la normativa.
Desde la asociación de taxistas de Fuerteventura, Antonio Pérez se mostró a favor de que se cumpla con los ratios, “si hay un estudio hecho y se tienen que dar unas licencias, se tienen que dar. Y si tienen que ser adaptadas para funcionar en un sistema adaptado, de movilidad, más preparado y más avanzado, tenemos que avanzar todos unidos de la mano”.
Por último, José Gómez, fue muy contundente y declaró, “si diez personas, por sus intereses privados, condicionan a toda la población de Fuerteventura, nosotros saldremos a la calle a luchar por un derecho que nos corresponde como personas”.
La entrevista completa en el siguiente enlace.
