Este mediodía se celebraba una concentración por la Sanidad pública digna y universal frente a la Delegación del Gobierno en Puerto del Rosario.
El objetivo es denunciar la causa del actual colapso sanitario, que señalan los convocantes, es fruto de la privatización, que desde hace años ha permitido esquilmar el dinero dedicado a sanidad, para traspasarlo a bolsillos privados, mientras los centros y recursos públicos han sufrido un deterioro brutal.
Consideran que es especialmente grave en estos momentos la situación de la atención primaria en todas las comunidades autónomas. Su clamorosa insuficiencia, cuidadosamente planificada desde las Consejerías para favorecer el negocio de la sanidad privada, está ocasionando una gran sobrecarga de trabajo al personal sanitario.
Pero sobre todo, el recurso a la atención telefónica, cuando se logra la hazaña de que alguien responda al teléfono, está ocasionando frecuentes errores diagnósticos con graves consecuencias para los pacientes.
Todo ello, unido a las enormes listas de espera debido a la escasez de recursos está produciendo aumentos en la mortalidad por patologías diferentes del COVID, perfectamente evitables.
Solo será posible recuperar el sistema sanitario público si actuamos contra las causas de esta enfermedad derogando las leyes que permiten el lucro privado: la ley 15/97 y artículo 90 de la LGS.
Gobierne quién gobierne, la sanidad pública es indispensable para garantizar la salud de la clase trabajadora y los sectores excluidos, por ello hacemos un llamamiento a organizarse, desde la base, en todos los puntos posibles del Estado contra esta epidemia de saqueo de los fondos públicos, para que sean dedicados exclusivamente a su objetivo: la salud colectiva de la población y no los intereses económicos de políticos, gestores y empresarios.
MANIFIESTO:
Epidemia de saqueos. Que se vayan todos.
En estos meses, políticos de todos los colores han tomado medidas contrarias a lo que dicta el sentido común y lo que clamaban los trabajadores sanitarios. Han aplicado, como vienen haciendo desde hace años, la medicina equivocada. No se ha potenciado la atención primaria, ni los laboratorios, ni las UCIs. No se han contratado los rastreadores necesarios, ni se han incrementado las ya de por sí escuálidas plantillas. Los miles de millones de euros, extraídos de nuestros impuestos y repartidos entre las diferentes administraciones sanitarias no han servido nada más que para llenar los bolsillos de las empresas y personajes que llevan años esquilmando la sanidad. Todo legal gracias a que unos ejecutan las medidas que llevan al desmantelamiento y al colapso de los dispositivos sanitarios, y otros las permiten al mantener el entramado legal. Sin embargo, los sectores más dinámicos han estallado en barrios y pueblos.
Hemos comprobado que ni la masacre de las residencias, ni los efectos colaterales de la falta de respuesta del sistema a las patologías No Covid, les importan. Ahora de nuevo es muy probable que los que estén en primera línea pueden verse de nuevo obligados, por falta de medios, a decidir a quién intentar salvar la vida y a quien no. Nos han llevado a la segunda ola, con premeditación, no es incapacidad.
Nos podemos indignar, pero no es suficiente. De nuevo habrá muertos que podrían haberse evitado, centenares de miles de trabajadores al paro, desahucios, pobreza, dolor… sobre todo repartido entre los de siempre: trabajadores y excluidos. Y el Sistema Nacional de Salud saldrá más desmantelado, con pavorosas listas de espera, con los seguros privados frotándose las manos ante el negocio que se les abre ante sus ojos.
Este es un problema de todos, si lo dejamos en las manos de quienes nos han traído a esta situación, nos arrepentiremos. Además, aquí en Canarias es un problema mayor. Somos la cuarta comunidad autónoma en la que más peso tienen los conciertos, es decir, el paso de recursos públicos a empresas privadas. Nada más y nada menos que 259 millones de euros han sido destinados a los conciertos sanitarios, casi 10 de cada 100 euros del presupuesto de la salud pública fueron a parar a los bolsillos de la sanidad privada. En Canarias la sanidad privada representa el 61% de los hospitales que cuentan con el 33% de las camas y el 74% de los hospitales privados reciben dinero público a través de conciertos. Si esta situación ya es muy preocupante, imaginen la de Fuerteventura, la isla que menos presupuesto invierte en sanidad por habitante. Estos datos no son sorprendentes al ver que en estas islas la Consejería de Sanidad no ha dejado de estar en manos de los defensores de la sanidad privada como José Manuel Baltar (que se fue del puesto en junio) o Conrado Domínguez, quien ejerce actualmente.
Por estos motivos estamos obligados a salir a la calle para obligarles a blindar la sanidad. ¡Por estos motivos estamos hoy aquí reivindicando y exigiendo que no se haga más negocio con nuestra salud!.
Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad
¡Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad!