La situación se complica para las 12 familias sobre las que pesa una orden de desalojo en el pueblo de Antigua (Fuerteventura). La Banca March es hoy la propietaria de la totalidad de las viviendas. Fuentes jurídicas admiten que la situación pone en peligro de desahucio a los ocupantes de las viviendas. Algunas de las familias afectadas ya se han ido, otros buscan apartamento sin demasiado éxito, “no nos queremos alejar del colegio ni la familia, pero al final tendremos que irnos igual que los demás. Llevo 5 años con una discapacidad total para mi profesión, por accidente laboral, de la que me bajaron el grado de 40% al 30% hace año y medio y no percibo ninguna retribución económica, ni te cuento para buscar trabajo con dos vértebras desencajada, pero bueno, tampoco hemos hecho ruido, somos del pueblo y nos hemos frenado”, manifiesta uno de los vecinos afectados a la emisora de radio Onda Fuerteventura.
La situación de los residentes es muy diversa ya que muchos creen tener el derecho a permanecer en el inmueble aunque el propietario sea el banco, “hemos firmado un contrato de alquiler durante cinco años, no hemos dejado de pagar la cuota de alquiler, tenemos Boletín, sin embargo nos vemos en la calle”, aseguran los vecinos.
La última familia que ha sufrido un desahucio asegura que el procedimiento promovido sobre esta vivienda deriva de “una estafa” perpetrada por el promotor del conjunto de viviendas. Éste , según los testimonios, habría “hipotecado” la totalidad de las viviendas para conseguir financiación. Ahora es el banco con el que fue suscrita la hipoteca reclama todas las viviendas como consecuencia del impago. “Las viviendas fueron declaradas de Protección Oficial hace diez años. Al final, seis viviendas han resultado ser de Protección Oficial y doce de ellas serán desalojadas a la fuerza el día 6 de noviembre”, expresa uno de los vecinos afectados.
